La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) denunció presuntas maniobras irregulares en la Superintendencia Financiera de Colombia para "expropiar" pensiones.

La medida expedida por un funcionario ordena el traslado "forzoso de pilotos y de los recursos que respaldan su historial pensional hacia Colpensiones". 

ACDA, a través de la Caja de Auxilios y de Prestaciones, enfatizó que no hay una ley que regule el proceso ni garantías claras para proteger sus derechos. 

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"Estamos enfrentando una situación muy delicada. Hemos denunciado penalmente a un funcionario que ha tomado una decisión que es ilegal y amenaza nuestros derechos, los derechos de los pilotos, de los trabajadores del sector aeronáutico en Colombia", advirtió el capitán Jorge Mario Medina Cadena, presidente de la junta directiva de la Caja de Auxilios y Prestaciones de los pilotos de la aviación civil (CAXDAC).  

El gremio de pilotos cuestiona que por décadas la caja que administra sus pensiones fue vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera, pero ahora el funcionario denunciado cambió, según ellos, las reglas de juego y desconoce la legalidad que se ha aplicado durante años, lo que favorece, en la práctica, a las empresas que hoy tienen deudas cercanas a los $150 mil millones con las pensiones de los pilotos. 

"Esta maniobra conduce a debilitar y vaciar de funciones a CAXDAC, entonces, ¿quién cobrará las deudas pendientes de las aerolíneas con las pensiones de los pilotos? Y si los pilotos están en Colpensiones y las empresas de aviación no pagan, ¿de dónde saldría la plata para nuestras pensiones? ¡Del bolsillo de los colombianos!", señaló la capitán Diana María Martínez, presidenta (e) de ACDAC.

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Hicieron un llamado a la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría para que intervengan y eviten que se ponga en riesgo un sistema que debe garantizar a cientos de familias del sector aeronáutico del país.

El gremio acotó que interpuso las acciones legales correspondientes por presunto prevaricato.